El verdadero desafío de Ibiza, más allá de contar anuncios

El pasado 17 de septiembre, Ibiza marcó un hito histórico en la gestión turística de España: se eliminaron todos los anuncios de alojamiento en la isla que no contaban con número de registro en la plataforma Airbnb. Este logro, fruto de años de trabajo, diálogo y coordinación entre el Consell Insular d’Eivissa, el sector turístico y las plataformas digitales, no es un simple gesto simbólico. Es el reflejo de un modelo de gobernanza que prioriza la calidad, la legalidad y la sostenibilidad del turismo, con impactos directos en la vida de residentes y visitantes.

Hoy, la isla cuenta con unos 2.900 anuncios sin registro menos que hace un año, lo que supone la retirada de 14.500 camas diarias que no deberían haberse ofrecido al turismo de forma inmediata y masiva. Más allá de la cifra, el valor real de esta acción radica en lo que significa para la isla: menos presión sobre el territorio, mayor transparencia y un mercado alojativo más saneado, donde la oferta legal es la protagonista.

La clave no es si hoy hay dos o tres anuncios con un tipi, una caravana o un número falso. Esos anuncios residuales serán retirados y, más importante aún, sus reservas canceladas. Lo verdaderamente importante es en qué se ha traducido que se hayan ido eliminando estos anuncios de forma progresiva desde el inicio de 2025 y ahí la cuestión no va de anécdotas, sino de números incuestionables.

Según el Sistema de Inteligencia Turística del Consell, que rastrea todos los móviles presentes en la isla para determinar procedencia, tiempo de estancia y movilidad, la media diaria de turistas ha disminuido en 2.000 personas respecto al mismo periodo del año pasado.

Este dato, lejos de ser negativo, se complementa con otro hallazgo aún más relevante: las reservas en establecimientos legales han aumentado en casi 5.000 turistas diarios, cifra confirmada por la Federación Hotelera y AVAT en el ámbito de la vivienda turística. En otras palabras, han venido menos turistas, pero los que han llegado se han alojado en opciones regladas. La consecuencia: 7.000 turistas menos por día en oferta ilegal, lo que se traduce en la reducción de un millón de pernoctaciones en alojamientos irregulares.

La cuestión no es si hay un anuncio ilegal en una plataforma, se trata de que se ha conseguido reducir parte de la huella del turismo y se ha reconducido otra parte a la legalidad. Ese es el debate serio, lo demás es superficialidad. Hay una reducción neta de presencia diaria de turistas asociada a la eliminación de oferta de baja calidad que alimentaba segmentos de bajo gasto y alto impacto por plaza. Es el caso, por ejemplo, de caravanas y alojamientos improvisados en suelos no aptos, que generaban molestias vecinales y presión sobre servicios sin aportar valor al destino. Cortar esos atajos mejora la convivencia, libera espacio para la demanda de mayor calidad y eleva la competitividad de la oferta que cumple.

En Ibiza se ha elegido una forma de gobernar sencilla de explicar y exigente de cumplir: menos ruido y más resultados. Frente al discurso permanente del problema y culpabilizar al de enfrente, este gobierno ha preferido trabajar, sumar y resolver. El resultado es tangible y lo ha hecho desde una gobernanza que alinea a las tres administraciones -municipal, insular y autonómica- con el sector económico y los agentes sociales.

Este resultado no habría sido posible sin un instrumento financiero bien orientado que el Govern Balear ha puesto a disposición de Ibiza con más de 4 millones de inversión: el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En Ibiza, el ITS se destina a proyectos que se ejecutan y dan resultados desde el primer día. El Plan de Choque contra el intrusismo es el mejor ejemplo: integra tecnología, inspección y normativa; conecta al Consell con los cinco ayuntamientos para asegurar capilaridad municipal; y se coordina con el Govern dentro de una estrategia compartida. No son eslóganes: son herramientas que ya ofrecen resultados medibles en retirada de anuncios ilegales, trazabilidad de estancias y mejora de la ocupación en la oferta reglada.

Lo esencial es entender que ordenar no equivale a prohibir y menos aún estar constantemente quejándose de lo que no funciona opacando lo que sí funciona como si esto fuera un lugar insoportable al que todo el mundo se obstina en venir o vivir en él, todo sea dicho. Ordenar es garantizar que el turismo funcione con reglas claras, que los barrios mantengan su identidad y que la actividad económica se desarrolle en condiciones justas para todos.

La colaboración público-privada implicando a las plataformas en el sector turístico de la isla, el respaldo de ese mismo sector a una política de colaboración y acuerdos y la toma de decisiones basada en datos han permitido limpiar el canal online y devolver el equilibrio al mercado. Donde antes había opacidad, hoy hay seguridad jurídica para el visitante y el residente.

El “modelo Ibiza” se define por la gobernanza: el éxito no son solo cifras, sino acuerdos de calidad y capacidad de cumplirlos. La Mesa de Intrusismo ha demostrado que la cooperación entre administraciones, sector privado y sociedad civil funciona. De ahí nace un triángulo virtuoso —municipal, insular y autonómico— que permite actuar a pie de calle, ordenar flujos y actualizar normas y financiación. Es la forma responsable de gobernar una isla finita, con recursos limitados y una comunidad que debe ser priorizada.

Una vez regulado el mercado, toca explicar para qué se hace. El turismo en Ibiza -como en buena parte de España- es una historia de éxito que modernizó la economía, sostiene miles de empleos y financia servicios básicos. Protegerlo exige competencia leal, estándares de calidad y aportación fiscal; también cumplir las leyes, respetar el descanso y la identidad de los barrios, evitando la rotación incontrolada y los usos indebidos en viviendas concebidas para residir.

A partir de ahora, entramos en una nueva fase, más estimulante y desafiante: afrontar el crecimiento demográfico. En menos de una década, la población y la actividad económica han crecido con fuerza; la isla funciona ya todo el año y la presión se reparte a lo largo del calendario. La consecuencia no es un eslogan, sino una agenda: dimensionar vivienda, movilidad, agua y residuos a la población real -residente y estacional- con datos, consenso y prioridades claras. Culpar al turismo de estas carencias es un error: son retos de gestión comunes a muchas regiones de España en expansión.

En vivienda, el enfoque es pragmático: proyectos a precio limitado con prioridad para ibicencos con años de residencia, movilización de suelo adecuado y agilidad en los procedimientos. El objetivo es claro: que los trabajadores esenciales -sanidad, educación, seguridad, hostelería, servicios- puedan desarrollar su proyecto de vida en la isla. La alternativa a no hacer nada es la expulsión de las clases medias.

En movilidad, Ibiza ha dado un paso de liderazgo con la regulación de la afluencia de vehículos en temporada, que coloca la capacidad de carga viaria en el centro. La medida se complementa con la mejora del transporte público que comenzará a implementarse en un par de meses siendo el primer Consell con una nueva contrata de autobuses —más líneas y frecuencias, renovación de flota, digitalización, facilidades para residentes— y con la lucha contra el transporte ilegal mediante tecnología y control en puntos críticos. Tres políticas, un objetivo: menos congestión, más seguridad y una alternativa real al coche privado.

En agua y residuos, el camino es el mismo: inversión útil, cooperación entre instituciones y planificación de largo plazo. Ibiza está reforzando la reutilización de agua, la reducción de su uso y la desalación para dejar de usar perforadas, el almacenamiento y la reducción de pérdidas en red, al tiempo que adapta la logística y las instalaciones de residuos para mejorar la calidad urbana y ambiental. No son debates abstractos; son decisiones con impacto directo en la vida cotidiana y en la percepción del destino.

Los ayuntamientos son clave en la ejecución de estas políticas. El Consell planifica, gestiona flujos, coordina inspecciones y alinea recursos con los municipios, mientras el Govern orienta la ITS, actualiza normas y articula políticas de vivienda, agua y energía. Entre los tres niveles, un Sistema de Inteligencia Turística común permite compartir datos, anticipar problemas y tomar decisiones con transparencia.

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