Balears destina por primera vez fondos del ITS a la lucha contra la oferta turística ilegal
Publicada 24/11/25 18:32h
Contenido comercial
Las Illes Balears marcan un antes y un después en su estrategia turística destinando, por primera vez, recursos del Impuesto del Turismo Sostenible a actuaciones específicas contra la oferta ilegal y al refuerzo de la inspección. Una apuesta decidida que se traduce en proyectos sólidos, con inversión directa en los consells insulares y en los ayuntamientos, y que busca fortalecer la calidad del destino y la convivencia ciudadana.
La distribución económica refleja el alcance de esta apuesta, con un importe total de 25.357.324,85 euros: 1.879.685,67 euros para el Consell Insular de Menorca, 5.328.633,12 euros para el Ajuntamiento de Calvià, 5.810.000,00 euros para el Ajuntamiento de Palma 3.893.906,08 euros para El Ajuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Ibiza),4.252.590,98 euros para el Consell Insular d’Eivissa y 4.192.508,99 euros para el Consell de Mallorca. Además, la Fundació Turisme Responsable de Mallorca destinara un total 11.194.498,00 euros para diversas campañas de comunicación sobre turismo responsable.
Menorca avanza con un proyecto diseñado para reforzar la inspección y dotar a la administración de capacidades técnicas de primera línea. Incluye recursos para actualizar imágenes aéreas, disponer de un visor cartográfico avanzado y adquirir un software capaz de detectar automáticamente anuncios turísticos irregulares. La hoja de ruta contempla vuelos fotogramétricos de alta resolución, equipamiento técnico, personal inspector y administrativo, y vehículos híbridos. Además, incorpora campañas informativas destinadas a concienciar sobre los efectos de la oferta ilegal en la vivienda, los precios y la presión sobre el territorio. El proyecto se plantea como prueba piloto con dos años de duración.
Mallorca impulsa dos líneas de actuación. La primera se centra en el control de la oferta turística ilegal. Ante una demanda creciente que afecta a la vivienda, la convivencia y la percepción de saturación, se prevé la incorporación de inspectores, técnicos jurídicos, personal administrativo y equipamiento informático. También se incluye la compra de tablets para actas, impresoras portátiles, mobiliario y vehículos, con el objetivo de mejorar la tramitación de expedientes sancionadores y atender el aumento de casos detectados.
La segunda línea es un amplio proyecto de comunicación orientado a promover el turismo sostenible, la desestacionalización y los productos turísticos de temporada baja. La financiación permitirá mantener las campañas de turismo responsable iniciadas en el aeropuerto e impulsar acciones audiovisuales e informativas sobre sostenibilidad, convivencia, producto local, cultura, deporte, accesibilidad y uso responsable del territorio. A ello se suman iniciativas de cobranding para mejorar la conectividad en temporada baja, campañas de promoción del turismo accesible y licitaciones para asesoramiento jurídico, económico y contable, así como para la organización de eventos vinculados a productos turísticos practicables fuera de la temporada alta.
Palma destina su proyecto a reforzar el dispositivo de seguridad turística. La inversión contempla vehículos policiales eléctricos para patrullar áreas turísticas, una furgoneta de apoyo, la ampliación del sistema de videovigilancia en la Playa de Palma y en la calle Bartomeu Salvà, y la adquisición de tres drones -incluido uno para vuelo nocturno y otro cautivo con 24 horas de autonomía-. Se suma una pantalla de gran formato para el centro de control del 092 y la construcción de una cubierta para la pista de entrenamiento de la unidad de policía montada.
Calvià plantea un amplio paquete de medidas para reforzar la seguridad, la inspección y la concienciación en las zonas turísticas más tensionadas -especialmente Magaluf y Punta Ballena- mediante el refuerzo policial estival, la instalación de cámaras de vigilancia y control de aforos, la incorporación de tecnología para identificar vehículos, la adquisición de un furgón de intervención inmediata y barreras móviles antirrampas, además de actuaciones urbanísticas para mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio público.
En Ibiza, el municipio de Sant Josep de sa Talaia integra un subproyecto dentro del plan de choque insular contra el intrusismo. Su objetivo: aumentar los expedientes sancionadores en viviendas turísticas ilegales, cerrar actividades ilícitas, reducir personas y empresas activas en la oferta ilegal y reforzar la seguridad del destino. Para ello se estructura un equipo con agentes de policía local, un oficial, un técnico superior en gestión, auxiliares administrativos, administrativos y supervisores de obras y medio ambiente. Además, se prevé la compra de vehículos, uniformidad y equipamiento informático, así como la aplicación de sanciones urbanísticas derivadas del cambio de uso residencial a turístico sin título habilitante.
Por su parte, Sant Antoni de Portmany presenta un proyecto centrado en mejorar la inspección, la seguridad y la concienciación en áreas reguladas por el decreto de turismo responsable y en zonas turísticas particularmente sensibles. Se incluyen cámaras de seguridad en vías de alta afluencia, un dron autónomo DJI Dock 2, nuevas plazas de policía local con su equipación, horas extraordinarias para reforzar turnos en temporada alta y programas de seguridad privada uniformada en áreas de ocio nocturno. También incorpora una unidad canina, campañas multilingües sobre normas y comportamiento responsable, informadores cívicos, refuerzo administrativo para sanciones y expedientes, servicio de traducción telefónica y la construcción de una galería de tiro sostenible para formación policial.