Expedientan a grandes gestoras de pisos turísticos por falsear su identidad

El alquiler de pisos turísticos está en el punto de mira del Gobierno. Fuente: Adobe Stock

Según ha informado el organismo que dirige el ministro Pablo Bustinduy, la Dirección General de Consumo ha iniciado expedientes sancionadores "a empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios".

Estos nuevos expedientes sancionadores que abre Consumo tienen su origen en la investigación que puso en marcha el Ministerio el pasado diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler.

• Consumo investiga a empresas de pisos turísticos por "prácticas engañosas"

Los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas empresas estarían ocasionando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", ha informado el Ministerio.

En concreto, "estos expedientes sancionadores se incoan tras detectarse que estas grandes gestoras, que administran cientos de viviendas turísticas, estarían ofreciendo información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”.

Indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, cuando en realidad se trata de una empresa, es una práctica engañosa

Esta práctica supondría "una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa".

Según explica el Ministerio, estas prácticas se considerarían engañosas en base al Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, donde se detalla que "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional" así como "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" son acciones contrarias a la normativa.

Según el precepto legal, estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, "cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo", indica el Ministerio.

Por otra parte, la Dirección General de Consumo recalca que "la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de los mismos".

Expediente sacionador contra Airbnb

Estos nuevos procedimientos de sanción por parte de Consumo se unen al expediente sancionador que el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió hace dos meses, también en el ámbito de las viviendas turísticas, a Airbnb.

En este caso, "el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de pisos turísticos que se catalogaron como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente".

El Ministerio señala que estas iniciativas "se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de proteger los derechos de las personas consumidoras y de poner fin a aquellas prácticas que están dificultando el acceso a la vivienda a muchas personas en nuestro país".

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