Hacia acciones colectivas en toda la UE

Los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (U.E.) acordaron el pasado 28 de noviembre una propuesta de Directiva para introducir un mecanismo de recurso colectivo en toda la U.E. Este nuevo procedimiento facilitará la interposición de acciones judiciales, similares a las demandas colectivas de EEUU (“class actions”), en casos relacionados con cláusulas abusivas, prácticas comerciales desleales o incumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales.

Varios años después del "Dieselgate", en el que algunos fabricantes europeos de automóviles instalaron software para ocultar las emisiones de sus vehículos, o de la colocación por Google de cookies en los dispositivos de usuarios del Reino Unido sin que estos lo supieran, algunos Estados miembros de la U.E. todavía no permiten a los consumidores demandar de forma colectiva. De hecho, sólo España, Bélgica, Italia, Portugal y Suecia tienen un sistema de reparación colectiva.

La Directiva abarcará infracciones cometidas tanto a nivel nacional como transfronterizo, en particular cuando los consumidores afectados por una infracción residen en uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro en el que está establecido el comerciante que ha cometido la infracción. La propuesta de Directiva menciona entre sus ámbitos de aplicación, el de los viajes y el del turismo.

La Directiva facultará igualmente a ciertas entidades (“entidades habilitadas”), como las organizaciones de defensa de los consumidores, emprender tanto acciones de cesación como medidas de reparación, incluida la indemnización o la sustitución, en nombre de un grupo de consumidores que haya sido perjudicado por un comerciante. Los Estados miembros designarán a una entidad como “entidad habilitada” si tiene un interés legítimo en garantizar que se cumplan las disposiciones del Derecho de la Unión y sea sin ánimo de lucro.

Esta propuesta refleja la evolución e incremento de la protección de los consumidores dentro de la U.E. Todavía está por ver si esta Directiva generará volúmenes de demandas colectivas similares a los de EEUU. Sin embargo, aunque no probablemente no vaya a ser el caso, la misma tendrá un claro impacto sobre los procedimientos judiciales transfronterizos. En breve se iniciarán negociaciones a tres bandas, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, para llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo de la Directiva.

Marc Ripoll

Abogado

mripoll@monlexabogados.es