Abierto el plazo de solicitud de las ayudas directas a los sectores afectados

Estas ayudas, dirigidas a empresas y autónomos que desarrollen alguna actividad de las comprendidas en la lista de códigos CNAE publicada (en la que se incluyen 142 sectores económicos) van dirigidas a satisfacer el pago de deudas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, deudas que pueden ser de cualquier tipo de proveedor o acreedor, financiero o no.

El Govern ha puesto en marcha diversos sistemas de comunicación y consultas, informando que en el primer día de presentaciones, 1.500 beneficiarios ya la han solicitado.

Se prevé que un total de 30.000 empresas y autónomos presenten solicitudes en una convocatoria que no tiene precedentes, con el fin único y exclusivo de avanzar en la recuperación económica tras la pandemia. Así mismo, se prevé que estas ayudas permitan mantener 200.000 puestos de trabajo en las Islas, según estimaciones del Govern.

El rango de ayudas se sitúa entre los 3.000 y los 500.000 euros, según el beneficiario sea autónomo o empresa.

Sin embargo, muchos son los beneficiarios que continúan quedándose sin poder acceder a las ayudas por no cumplir el requisito de hallarse al corriente de Seguridad Social y Agencia Tributaria. Aunque desde el Govern han podido afirmar que los beneficiarios afectados por este requisito son una minoría, ya que los últimos datos apuntan a que la morosidad es de tan solo un dos por ciento del total de empresas. Algo más del 90% de los beneficiarios con deudas que han solicitado un aplazamiento lo han conseguido, pudiendo acceder así a las ayudas.

Dentro de todo lo que comprende esta nueva convocatoria, lo más llamativo es el requisito más importante y excluyente: tener deudas. Y es que si el beneficiario no tiene deudas pendientes, no tiene lo que se califica como gasto subvencionable.

Muchas son las críticas que han recibido estas ayudas, que parecen premiar a aquellos autónomos y empresas que no han cumplido con su deber de pago para con sus acreedores, en contra de aquellos que decidieron sacrificar sus propios ahorros para hacer frente a estos gastos, que ponían en jaque su continuidad en la actividad.

Camila Ortiz Castro

Abogada de MONLEX

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