¿Precio o tasas?: calidad

La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor cada vez más relevante del turismo en general y, afortunadamente, en un elemento ya admitido como decisivo en el turismo español. No siempre ha sido así y la razón es que nuestro turismo ha carecido históricamente de una estrategia de oferta, lo que explica muchas de las deficiencias de nuestro desarrollo turístico. Por contra, sí ha atenido, no por fortuna, sino por un sostenido y deliberado esfuerzo de la Administración central, una política de demanda, con un modelo de promoción en los mercados emisores que otros destinos han procurado imitar.

A pesar de esa carencia histórica, el modelo turístico español no ha dejado de evolucionar, no obstante, la limitada ayuda que en esta evolución ha tenido por parte del sector público. Esta afirmación puede parecer muy radical, y, desde luego, no quiere ignorar los múltiples esfuerzos para desarrollar desde la esfera pública productos capitales como el turismo cultural, o el de reuniones, entre otros, y que tuvo plasmaciones limitadas por la falta de competencia de la Administración central, como fue el caso del Plan Integral de la Calidad del Turismo Español (PICTE). Esta deficiencia se acentuó al producirse la descentralización de competencias en el sector turístico, que los españoles nos dimos al aprobar el vigente régimen constitucional. El Gobierno central se ha ido desentendiendo de la actividad turística, al considerar que la responsabilidad de la política de oferta era una responsabilidad de las CC.AA., tendencia reforzada por la buena marcha del turismo y su capacidad de resistencia a las crisis y su gran potencial de recuperación. Este desentendimiento ha ido derivando claramente a una minusvaloración del turismo por parte del Gobierno central, cuando no a un manifestado desprecio de la actividad turística, ignorando lo que significa en términos de PIB y de empleo en la economía nacional. La última manifestación de este desistimiento del Gobierno está en la falta de una regulación nacional de la oferta de alojamiento no hotelero. Es un hecho que sin este tipo de alojamiento hubiera sido imposible alcanzar las cifras récord de nuestro turismo, pero la falta de un marco jurídico ha llevado a un desarrollo incontrolado que ha producido efectos colaterales negativos. La reacción social que ha provocado se ha producido no principalmente por motivaciones turísticas, como sería la de la sostenibilidad de los destinos, sino por razones ajenas al turismo, en especial por la incidencia en la escasez de vivienda para alquiler.

Son, por tanto, las CC.AA. y los ayuntamientos los entes públicos que están afrontando este tema desde el marco de la sostenibilidad del destino. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es la que, una vez más, se ha adelantado en materia de turismo. Al ser una actividad esencial para su economía y bienestar de su sociedad. En el marco de la feria ITB de Berlín, ha presentado un Plan de Contención y Sostenibilidad Turística que merece ser considerado con toda atención, ya que es probablemente que sea seguido por otros destinos.

En el Plan de la Comunidad de las Islas Baleares, aunque en su presentación sólo se han expuesto sus líneas generales, hay dos tipos de medidas, unas de carácter impositivo y otras, denominadas de “modernización” de la oferta. Aunque se señala que todas las medidas habrán de consensuarse con las diferentes fuerzas políticas y, se supone, con el sector turístico, las impositivas están muy definidas, mientras que las de mejora de la oferta aparecen formuladas de forma genérica.

En efecto, el Plan contempla que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) (al fin se le denomina correctamente impuesto y no tasa) tenga cuatro tramos, para adaptarlo a las temporadas turísticas, incrementándolo en las de mayor ocupación, también se aumenta el impuesto a los viajeros de cruceros. Asimismo, se propone crear un nuevo impuesto a los coches de alquiler y a los vehículos particulares de uso turístico. También propone la declaración de zonas saturadas que podrán realizar los Consejos Insulares formulando planes estratégicos para dichas zonas.

El Plan aborda de forma más decidida la regulación de las viviendas turísticas, prohibiendo la creación de nuevas plazas en vivienda plurifamiliares y obligando a los portales comercializadores a que exijan el número de registro, agravando las sanciones a la oferta que no cumpla estos requisitos. El sector hotelero aplaude esta medida y rechaza el aumento del ITS.

Hay que señalar con respecto a estas medidas impositivas, que tanto ellas como las más radicales como es la limitación del número de viajeros no han tenido el resultado esperado, tal como han puesto de manifiesto los casos de Venecia y Ámsterdam, entre otros. Y estos son casos de destinos concretos. La dificultad se incrementa cuando se trata de aplicar estas medidas a áreas más amplias en las que se multiplica la motivación del viaje por la diversificación económica de la zona.

Finalmente, el Plan de Contención y Sostenibilidad Turística aspira a aplicar un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión para impulsar proyectos de modernización de la oferta.

Es decepcionante que se ponga el acento en las medidas impositivas y no en el del incremento del valor del producto turístico. Hay dos formas básicas de hacer frente a la saturación turística: mediante los impuestos o a través del precio. La diferencia fundamental entre una u otra fórmula es que los impuestos simplemente encarecen el producto, mientras que el precio exige el aumento del valor del producto. El impuesto o se ha mostrado ineficaz, aunque tentador para las Administraciones públicas, o si llegara a funcionar, no se traduciría en un aumento de la calidad del producto turístico, sino en un desvío de las corrientes turísticas en perjuicio del destino que lo aplica. El mecanismo del precio parece más apropiado para evitar la saturación y a la vez atraer a un viajero interesado en un producto de mayor valor añadido y, por tanto, con mayor capacidad de gasto.