Los nuevos impuestos y la promoción turística

Germán Porras. Secretario General de la Mesa del Turismo

La proliferación de la creación de nuevos impuestos sobre el turismo por parte de las Comunidades Autónomas y por los Ayuntamientos se viene justificando por la necesidad de financiar la promoción turística. Así se suele presentar en la mayoría de los casos por las Administraciones públicas regionales y locales y, sorprendentemente, algunas asociaciones empresariales aceptan este planteamiento pensando que el fin justifica los medios.

Primero fue el impuesto creado por la Generalidad de Cataluña, luego la recreación de la fracasada “ecotasa” en Baleares, y, más adelante, los intentos de establecer nuevos impuestos en las Islas Canarias, inteligentemente abandonado, en Granada y recientemente en Madrid.

Como el argumento utilizado por las Administraciones públicas respectivas en cada caso, y aceptado por algunas asociaciones empresariales, es la financiación de la promoción turística, merece la pena analizar la cuestión de la financiación pública de la promoción turística. A veces se ha señalado que el turismo es un sector económico privilegiado porque, a diferencia de otros sectores, recibe fondos públicos para su promoción. Esta percepción no es cierta por dos razones:

· Otros sectores económicos como la moda, la gastronomía, el vino, etc. reciben fondos para su promoción en el exterior. Eso sin tener en cuenta la ayuda pública que otros sectores económicos reciben para su desarrollo, como las reconversiones industriales o los planes PIVE, ayudas a las que siempre ha sido ajeno el turismo.

· La sustancial diferencia cualitativa de la promoción pública del turismo respecto a la promoción de otros sectores es que su finalidad básica es promover al país, de modo que se traduce no sólo en el beneficio del sector económico del turismo, sino que constituye en todos los países uno de los instrumentos básicos de creación de imagen del destino, bien sea del país en su conjunto, bien sea de un destino concreto. Aparte de los factores inmateriales que se refieren a la percepción del país en el exterior, de esta creación de imagen se beneficia no sólo el sector turístico sino el conjunto de los sectores de la economía nacional que proveen de bienes y servicios a los millones de turistas que cada año visitan el país. El turismo como creador de imagen-país es reconocido por el Foro Económico Mundial.

Los países más avanzados de nuestro entorno aplican desde hace tiempo la cooperación público-privada en la promoción turística. Pero la forma que adopte esta cooperación es determinante en cuanto a su naturaleza y a su eficacia. La cooperación público-privada se fundamenta en la aportación voluntaria y equilibrada de fondos por las Administraciones públicas y por el sector turístico privado. Supone, por tanto, la corresponsabilidad en la estrategia, en la planificación, en la ejecución y en la financiación de la promoción turística. De este modo se combina lo mejor de ambas partes: la estrategia a medio y largo plazo que aporta el sector público y la exigencia de rentabilidad y de retorno de la inversión en la promoción turística, que es propia de la actividad empresarial.

Completamente distinto es el mecanismo que se está impulsando de crear nuevos impuestos por distintos niveles, regionales y locales, de las Administraciones públicas con el fin, nominal y aparente, de financiar la promoción turística. Y ello por una serie de razones, que desnaturalizan esencialmente el procedimiento y los resultados:

· En primer término, porque el sector turístico contribuye de forma sustancial a la financiación pública a través de las diferentes figuras impositivas que se aplican con carácter general a todas las actividades económicas, entre ellas el turismo. Baste comparar la contribución fiscal de la actividad turística y la aportación pública a la promoción turística. Si el sector turístico ya financia la aportación pública a la promoción turística, la creación de nuevos impuestos supone gravar repetidamente al sector turístico.

· En segundo término, porque ya desde el inicio en la mayoría de los casos se evita determinar con claridad la finalidad del nuevo impuesto en su totalidad o parcialmente. En algunos casos se señala que su destino es sólo parcialmente la promoción, agregando este fin con otros muy diversos como las mejoras del medio ambiente, la dotación de servicios públicos, etc. En el supuesto extremo se propone que el nuevo impuesto se destine a compensar a los residentes de los perjuicios que les causan los visitantes. En definitiva, el mensaje más negativo del turismo y la antítesis de la promoción turística. Por tanto, no existe garantía alguna de que un impuesto aparentemente creado para la promoción turística se destine a ella. La contribución empresarial, además de ser coercitiva, vería así frustrada, antes o después, su aportación, que se dedicaría a gastos corrientes o a fines distintos a los turísticos.

· En tercer término, porque se sustituye la libre aportación de los empresarios del sector por una obligatoria contribución, que no tiene en cuenta la necesaria participación del sector privado en la corresponsabilidad en el proceso de toma de decisiones de la promoción turística. La cooperación público-privada quedaría así desnaturalizada. Tal perversión del principio inspirador de la cooperación público-privada se produce tanto cuando se pretende que sea el sector público el que aporte la financiación y la administración la asuma el sector privado con el argumento de una mayor eficacia, como cuando el esquema se invierte y la Administración impone la financiación por el sector privado, vía impuestos, y es ella la que decide en qué y cómo invertir lo recaudado.

· En cuarto término, porque la creación de nuevos impuestos afecta de forma muy significativa a la posición competitiva de los destinos en una actividad empresarial caracterizada por su dinamismo y la fuerte competencia determinada por la continua creación de nueva oferta y la aparición de nuevos destinos.

En consecuencia, la creación de nuevos impuestos sobre el turismo por CC.AA. o Ayuntamientos pretextando la financiación de la promoción turístic, es rechazable porque ni sirve a los fines que se argumentan, desnaturaliza la cooperación público-privada, y afecta a la competitividad de los destinos turísticos.