La Ley de Movilidad Sostenible entra en vigor: claves, qué cambia y a quién afecta

La ley tiene por objeto establecer las condiciones para que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad que contribuya a "una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes".

Entre otras medidas, permite que los municipios que así lo deseen introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de emisiones o las categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.

En el plazo de veinticuatro meses, las empresas deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 trabajadores, o 100 por turno.

Además, el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta, promocionándola para la movilidad cotidiana y el turismo, "valorando su potencial en el último tramo del reparto de mercancías" e instalando aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores y estaciones.

Reducción de vuelos domésticos

La Ley dice que antes de seis meses el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentará un estudio para impulsar la reducción de los vuelos domésticos "en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales".

Siguiendo la enmienda que introdujo el PP en el Senado y que aprobó el Congreso con los votos también de Vox, ERC, Junts y Podemos, se recuperarán desde el 1 de enero de 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones aprobadas en julio de 2024.

Con ello, se garantizan nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Desde julio se exigían retrasos de 90 o 60 minutos para recuperar todo o la mitad del billete.

El título I de la ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible para facilitar "el ejercicio del derecho a la movilidad, elemento necesario para poder ejercer otros derechos constitucionales". Se establece la necesidad de incluir la movilidad sostenible en el sistema educativo y se fomenta el diseño de itinerarios urbanos seguros a los centros escolares.

La posible reducción de los vuelos con alternativa ferroviaria es una de las medidas. Fuente: Pixabay.

La ley recoge las obligaciones para la optimización energética de terminales de transporte, talleres y otras infraestructuras, así como la utilización de energías renovables en dichas instalaciones. Se analizará la viabilidad de dotar a determinadas vías de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público, vehículos de alta ocupación o cero emisiones.

El Gobierno tendrá que elaborar antes de dos años una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte para facilitar a toda la sociedad el acceso a los servicios públicos y actividades esenciales.

Se apuesta por políticas públicas que integren los servicios tradicionales de transporte público, por carretera y ferrocarril, con los nuevos servicios de movilidad.

El texto incluye como nueva categoría de transporte público de personas el transporte a la demanda, que permitirá a las Administraciones públicas ajustar la prestación de servicios de transporte a las necesidades de zonas con escasa demanda. Asimismo, incluye como un supuesto de arrendamiento de vehículos sin conductor la actividad del uso temporal de vehículos, conocida como 'carsharing'.

La ley sienta las bases para regular la futura operación de los vehículos automatizados de pasajeros y mercancías en vías públicas y promueve la realización de pruebas de esta tecnología.