Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales
La Policía Nacional arresta a Julio Martínez y Roberto Roselli por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid
Publicada 11/12/25 18:03h
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La Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de la aerolínea Plus Ultra, y a su director ejecutivo, Roberto Roselli, después de acceder a la sede de la compañía en Madrid. Esta actuación se produce en el marco de una investigación dirigida por un juzgado de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la causa se mantiene bajo secreto. La investigación actual se centra en el supuesto delito de blanqueo de capitales y ha llevado a la detención de los dos máximos responsables de la aerolínea: el propietario, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha sido la encargada de llevar a cabo el registro en las oficinas centrales de Plus Ultra para recabar información.
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba tiempo con el foco sobre Plus Ultra, vinculó a la aerolínea con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales.
Explica, asimismo, que los fondos malversados procedían también de subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos y que la Audiencia Nacional recomendó mandar esta información al juzgado de Madrid.
El controvertido rescate de la SEPI
Este mismo juzgado ya investigó anteriormente el controvertido rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió en 2021 por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas durante la pandemia.
En aquella ocasión, la causa sobre la legalidad de la ayuda pública recibida por la compañía aérea —que suscitó gran polémica debido a su capital de origen venezolano— fue finalmente archivada en enero de 2023 por la magistrada instructora, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. La jueza dictaminó que no se había justificado debidamente la comisión de delitos como malversación o prevaricación, desestimando las querellas presentadas por la oposición.
Respecto a la intervención de este jueves, fuentes de Plus Ultra han manifestado su total colaboración con las autoridades. La compañía asegura estar facilitando "toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económico financiera".
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