Viviendas turísticas

Barcelona podrá eliminar 10.000 pisos turísticos con el aval del TC

El Tribunal Constitucional avala un decreto de la Generalitat que permitirá al Ayuntamiento de Barcelona "no renovar ni una de las licencias en noviembre de 2028, para que 10.000 pisos vuelvan a ser de uso residencial", dice el alcalde

Publicada 13/03/25 20:21h

Barcelona podrá eliminar 10.000 pisos turísticos con el aval del TC

El Ayuntamiento de Barcelona tiene vía libre para no renovar las licencias de 10.000 pisos turísticos en noviembre de 2028, tras el respaldo del Tribunal Constitucional a un decreto catalán que restringe esta oferta de alojamiento. El consistorio se apoya en esta normativa para eliminar los pisos turísticos en la ciudad. El pleno del TC ha avalado el decreto de 2023, impugnado por el grupo del PP en el Congreso, al considerar que no vulnera ni el derecho a la propiedad privada ni la autonomía municipal.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramon Sáez Válcarcel, desestima el recurso que presentó el PP contra la norma, impulsada por el Govern de ERC y que exige la tramitación de licencias urbanísticas para destinar viviendas a uso turístico en los municipios con una alta concentración de ese tipo de apartamentos.

La norma, la primera que regula los apartamentos turísticos en Cataluña, introduce varias restricciones: impide que puedan tener un uso también residencial salvo excepciones y limita el número de licencias que se podrán otorgar a un máximo de diez por cada cien habitantes y la duración de las mismas, de cinco años prorrogables.

Decreto aprobado por ERC, PSC, Comunes y CUP

El decreto del Govern fue validado en diciembre de 2023 por el Parlament, con los votos de ERC, la CUP, los Comunes y el PSC, que pactó con los republicanos una batería de enmiendas para rebajar los municipios afectados y suprimir el límite de diez pisos turísticos por cada 100 viviendas, aunque el adelanto electoral impidió introducir estas modificaciones.

La sentencia, que cuenta con los votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera, considera que el decreto impulsado por el Govern de Pere Aragonès no vulnera los límites de la legislación de urgencia, puesto que se aprobó en respuesta a la "proliferación" de pisos turísticos en determinados municipios de Cataluña para atajar los efectos que ese fenómeno tiene sobre el parque de viviendas habituales.

Además, sostiene el Constitucional que el decreto ley es acorde a la protección constitucional del derecho a la propiedad privada o la expropiación forzosa, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica y el régimen en materia de unidad de mercado.

La regulación, recuerda la sentencia, no es aplicable a todos los municipios de Cataluña sino solamente a los que presenten problemas de acceso a la vivienda o "riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por una alta concentración" de apartamentos turísticos, en concreto 262 poblaciones que figuran en su anexo.

La lista de municipios incluidos en el anexo, de hecho, debe actualizarse cada cinco años mediante una orden del titular del departamento de la Generalitat competente en materia de urbanismo, previa audiencia de las poblaciones afectadas.

No vulnera el derecho a la propiedad privada

El Tribunal argumenta que el derecho a la propiedad privada está protegido en la Carta Magna, pero la delimitación del mismo debe ser calibrada por el poder legislativo "en atención a la necesaria protección de otros bienes jurídicos de rango constitucional".

En ese sentido, subraya el Constitucional que la regulación del uso turístico de las viviendas no suprime el derecho a la propiedad sobre las mismas, sino que delimita "un aspecto concreto de su contenido, en atención a la función social del derecho, que no lo hace desaparecer ni lo convierte en irreconocible".

El pleno del TC confirma además que el decreto es compatible con la garantía de la unidad de mercado, puesto que su fin es evitar daños en el entorno urbano, en concreto "proteger el modelo de ciudad previsto por la planificación urbanística".

La sentencia asegura que la regulación de pisos turísticos es "respetuosa" con la autonomía de los municipios porque busca proteger "intereses supralocales" y garantiza a los ayuntamientos un nivel de intervención proporcional a sus intereses en la materia.

Barcelona tiene luz verde para eliminar 10.000 pisos turísticos
Una imagen aérea de Barcelona. Fuente: Adobe Stock

Jaume Collboni: "Es una magnífica noticia"

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha manifestado su satisfacción porque el Tribunal Constitucional avale el decreto del Govern que pone límite a los pisos turísticos en Cataluña desde 2023, en el que se ampara la decisión del gobierno municipal de eliminar todos los que hay en la capital catalana en 2028.

"Es una magnífica noticia", ha señalado el alcalde en una comparecencia ante los medios en la que ha sostenido que la sentencia no solo ha "ratificado, totalmente y de una forma muy nítida, la constitucionalidad de las restricciones", sino que "avala la decisión de no renovar ni una de las licencias vigentes en la ciudad en noviembre de 2028, para que 10.000 pisos vuelvan a ser de uso residencial".

"Hoy hemos visto que es constitucional cambiar las reglas del juego del mercado de la vivienda en nuestro país, que era necesario, y que es necesaria esta medida de que no haya más pisos turísticos en el 2028 y lo haremos, además, con todas las garantías jurídicas y con la solvencia que le da la sentencia del Tribunal Constitucional", ha destacado el alcalde de Barcelona.

La norma catalana exige la tramitación de licencias urbanísticas para destinar viviendas a uso turístico en los municipios con una alta concentración de ese tipo de apartamentos y limita la duración de estas a cinco años prorrogables.

El alcalde socialista ha destacado que en su sentencia el TC, "en el fondo, lo que dice es que esta medida de restringir el uso turístico de los pisos, o en nuestro caso -Barcelona-, de que no haya más licencias de pisos turísticos a partir de 2028 no es contradictorio con el derecho a la propiedad privada", ya que dice que el uso turístico no puede ser entendido como consubstancial en las edificaciones construidas para uso de vivienda".

En la rueda de prensa, la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que "cuando hoy el Tribunal Constitucional ha validado este decreto ley, ha validado también la vida de 5 años de todas las licencias -de uso turístico- actuales" en Cataluña.

"Por lo tanto, en noviembre del 2028 que todas las licencias de los pisos turísticos que existen hoy decaeran, no tendrán ya vigencia y, por lo tanto no se podrá continuar recuperando sobre la base de ninguna licencia porque no habrá apoyo jurídico", ha explicado.

En esta situación, Bonet ha asegurado que al Ayuntamiento de Barcelona no le hará falta "hacer nada" para suprimir los pisos turísticos que ahora existen y tampoco hará un nuevo planeamiento que justifique que Barcelona tiene suficiente oferta de vivienda como para poder otorgar nuevas licencias de usos turístico, lo que establece la ley catalana, porque, esto es un imposible".


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