La CNMC pide cambios en las normativas sobre alquileres vacacionales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo público con personalidad jurídica propia que busca garantizar y preservar el correcto funcionamiento y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores en interés de los consumidores y de las empresas, se ha pronunciado con firmeza en distintas Comunidades Autónomas del país sobre el articulado de las distintas normativas sobre alquileres de alojamientos turísticos.

Por una parte, la CNMC instó al Gobierno de Canarias para que se modificaran varios artículos en su normativa de regulación de viviendas vacacionales, pero se negaba.

De esta forma, tuvo que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la cuestión, atendiendo las peticiones de la CNMC:

-Se anula la disposición que no permitía el alquiler de habitaciones de forma separada.

-No será preceptiva la inscripción de la vivienda en un Registro Oficial antes del inicio de la actividad.

-Se permitirá que existan viviendas de alojamiento vacacional en las zonas turísticas o de uso mixto.

El principal motivo alegado por el Tribunal en la propia sentencia es “que se infringe la libertad de empresa al limitar la oferta turística sin justificación jurídica suficiente”.

Por otro lado, en la otra punta del Estado, la misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha comunicado fehacientemente a la Xunta de Galicia sus propuestas de cambio del Decreto por el que se regula las viviendas turísticas de dicha CC.AA. bajo la amenaza de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia si no las atiende.

La CNMC, al igual que en el conflicto normativo del archipiélago canario, considera que existen múltiples obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva. A título ejemplificativo, se propone permitir el alquiler por habitaciones, eliminar el período de alojamiento a tres meses y reducir el catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos que supone un incremento de costes y restricción injustificada de los derechos del empresario.

Como puede apreciarse, la Comisión Nacional se ha propuesto firmemente defender los derechos del propietario y luchar para que se elaboren normativas que no obstaculicen la competencia en igualdad de condiciones.

Les mantendremos informado al respecto.

Miquel Planas Font

Abogado