Nueva Autoridad Independiente para proteger a informantes contra la corrupción

El pasado 30 de octubre de 2024, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1101/2024, que da luz verde a la creación y regulación de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante (AAI), un organismo crucial en la protección de las personas que denuncian irregularidades dentro del sector público y privado en España. Este decreto responde al mandato contenido en la Ley 2/2023, de febrero, que se creó con el objetivo de amparar a los informantes de actos fraudulentos y de corrupción, al tiempo que cumple con la Directiva Europea 2019/1937, enfocada en establecer un marco común de protección a nivel de la Unión Europea.

La Autoridad Administrativa Independiente (AAI) se presenta como un organismo de ámbito estatal, autónomo y con plena independencia funcional, vinculado presupuestariamente al Ministerio de la Presidencia. Su función esencial es garantizar la protección efectiva de las personas informantes y servir como un canal seguro para la denuncia de irregularidades normativas que atenten contra el interés público. Este nuevo ente no solo ampara a los denunciantes, sino que además se erige como un pilar institucional en la lucha contra el fraude y la corrupción, lo que refuerza el compromiso de España con la transparencia y la ética en la administración pública.

La estructura de la AAI, detallada en 39 artículos del Real Decreto, abarca diversos órganos y departamentos dedicados a gestionar, supervisar y coordinar las funciones de protección del informante. Encabezada por una Presidencia con atribuciones de representación y administración, la AAI cuenta también con una Comisión Consultiva, un Departamento de Protección del Informante que asume la gestión del canal externo de denuncias, un Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador, y una Gerencia que administra los recursos humanos, financieros y de tecnología de la entidad. Este diseño organizativo, inspirado en modelos europeos, asegura la independencia operativa de la AAI y garantiza que las denuncias sean tramitadas con confidencialidad y eficiencia.

Entre las atribuciones de la AAI, destaca la capacidad de emitir recomendaciones y circulares que sirvan de guía en las mejores prácticas de protección del informante en todo el territorio nacional. Además, el organismo realizará una memoria anual con estadísticas de las denuncias y actuaciones que haya gestionado, promoviendo así la transparencia en sus operaciones y fortaleciendo su rol como garante de la ética institucional. La publicación de esta memoria permitirá un análisis detallado de los logros y áreas de mejora en la implementación de las políticas de integridad, ofreciendo datos accesibles al público y reforzando la cultura de transparencia que fomenta esta nueva autoridad.

Este Real Decreto entra en vigor el 31 de octubre de 2024, consolidando un marco de actuación sólido en la protección de quienes informan sobre infracciones. Con su creación, la AAI marca un punto de inflexión en la administración pública española, adaptando el país a los estándares europeos en materia de integridad y lucha contra la corrupción. La implementación de este organismo no solo protege a los informantes de posibles represalias, sino que también establece un entorno más seguro para la detección de infracciones que afectan al interés general, generando un impacto positivo tanto en el sector público como en el privado.

Desde un enfoque profesional, este Real Decreto se presenta como un avance significativo para el ecosistema normativo español, alineando sus prácticas con las directrices europeas y brindando una plataforma de apoyo esencial a los informantes. Sin embargo, su efectividad dependerá de una dotación adecuada de recursos y de un esfuerzo continuo por mantener la independencia funcional de la AAI, asegurando que ninguna influencia externa pueda interferir en sus operaciones. La protección del informante no solo fortalece la transparencia institucional, sino que también consolida la confianza pública en las administraciones y el sector privado, permitiendo un entorno más ético y comprometido con el bien común.

En definitiva, la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante representa un paso adelante en la garantía de la integridad en las organizaciones españolas. Este modelo de protección y sanción es clave para la creación de una cultura de denuncia segura y eficaz, y supone un respaldo decisivo para quienes, con valentía, deciden exponer irregularidades en beneficio del interés general.

Miquel Planas

Abogado de MONLEX

mplanas@monlexabogados.es