Beatriz Hoteles denuncia ante el CGPJ la sentencia que entrega sus hoteles a Blantyre Capital

Uno de los hoteles de la cadena. Fuente: Beatriz Hoteles.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria es el responsable de la homologación del plan de reestructuración promovido por el fondo Blantyre Capital (Meru).

La resolución judicial del pasado 18 de septiembre "supuso el cambio de propiedad de una compañía valorando sus participaciones sociales en 12 millones de euros, en lugar de su valoración real de más de 73 millones de euros, ya que los activos hoteleros de la compañía están tasados actualmente en unos 127 millones de euros, frente a una tasación, incompleta y obsoleta ya que fue realizada en enero de 2024, que valoraba los activos en 66 millones. Todo ello, a pesar de su solvencia acreditada, su trayectoria de crecimiento y la financiación aprobada que garantizaba el pago íntegro de su deuda", afirma Inparsa.

Tal como informó Hosteltur, la sentencia dictada el 18 de septiembre permite a Blantyre Capital, a través de Meru I S.A.R.L., adquirir una posición mayoritaria en el capital de Inparsa. La sociedad gestiona los hoteles Beatriz Costa & Spa, en Costa Teguise, y Beatriz Playa & Spa, en Puerto del Carmen.

Sin embargo, la denuncia presentada por la empresa hotelera canaria que está estudiando el CGPJ sostiene que "el proceso sufrió una dilación indebida de un año y que el Juez contradijo su propia resolución previa, ignoró pruebas financieras esenciales y dictó sentencia sin competencia plena, causando un perjuicio patrimonial millonario y vulnerando derechos constitucionales fundamentales, como el de propiedad y tutela judicial efectiva. Todo ello desproveyendo de defensa a Inparsa", añade la empresa hotelera.

Inparsa advierte en su comunicado que peligra el principio de seguridad jurídica y da a conocer públicamente este caso con el fin de "alertar sobre el precedente que este caso podría generar en la aplicación de la Ley Concursal en España".

Según explica Inparsa, "el mismo juez que en 2024 rechazó el plan de Blantyre por inexistencia de insolvencia lo aprobó un año después, sin cambios en los hechos ni en las condiciones financieras. La resolución contradijo un fallo previo del Juzgado de lo Mercantil nº 2, que en 2024 había rechazado ese mismo plan al considerar que no existía insolvencia ni riesgo de ella".

Blantyre Capital se quedaría con el 70% del capital de Inparsa

En su primera resolución, el magistrado concluyó que Inparsa no era insolvente y que el fondo se amparaba en un “cambio de control técnico” sin fundamento. "Sin embargo, en septiembre de 2025, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas dictó sentencia homologando el plan de Blantyre Capital, otorgándole el 70% del capital de Inparsa".

La empresa hotelera sostiene que no era insolvente y contaba con financiación aprobada y acreditada para pagar su deuda; que la compañía presentó una oferta de repago a los acreedores por el 100% de la deuda exigible sin quitas ni esperas; que existía una apelación pendiente sobre el mismo plan en otro juzgado; que se había archivado el nombramiento del experto independiente, "figura esencial del proceso de reestructuración"; y que el vencimiento anticipado alegado por Blantyre seguía en fase de resolución judicial.

"A pesar de ello, el juzgado decidió entregar el control de la empresa a Blantyre Capital y todo su valor. De este modo, la interpretación judicial contradice el espíritu de la Ley Concursal y abre la puerta a su uso como instrumento especulativo, en lugar de una herramienta para preservar empresas viables", sostiene la empresa hotelera.

Implicaciones para otras cadenas hoteleras españolas

Según advierte Inparsa, "más allá del caso concreto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria plantea un debate de fondo sobre la aplicación de la Ley Concursal y la estabilidad del sistema empresarial español".

La empresa hotelera alerta que esta sentencia "afecta directamente a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como: el derecho de propiedad (artículo 33 CE), al suponer una expropiación encubierta de acciones sin causa de utilidad pública ni indemnización; el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), al impedir la defensa material de la empresa y dictarse sin valorar las pruebas aportadas; y el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), quebrantado por resoluciones contradictorias y la admisión de un plan mientras existía otro procedimiento y una apelación viva".

Inparsa advierte además que "este precedente puede debilitar la confianza inversora y distorsionar el equilibrio entre acreedores y empresas solventes, con consecuencias negativas para la economía real y la reputación del marco jurídico español".

Inparsa, empresa familiar con más de 50 años de historia y propietaria de Beatriz Hoteles en Lanzarote, cuenta con más de 325 empleados directos y más de 700 indirectos. "Tras superar la pandemia y una larga refinanciación bancaria, el equipo gestor consiguió impulsar rápidamente el crecimiento de la compañía: aumento de ingresos, mejora del EBITDA y una importante revalorización de los activos", recuerda la compañía.

En abril de 2025, la compañía firmó una financiación de 65,5 millones de euros con Fortress Investment Group, "destinada a repagar íntegramente su deuda (incluyendo un perímetro de más hoteles de Beatriz Hoteles) y garantizar la continuidad de la actividad y del empleo. El acuerdo fue comunicado al juzgado y a los acreedores, acreditando la capacidad de pago total de Inparsa".

"Sin embargo, el fondo Blantyre Capital (Meru), que había adquirido parte de la deuda, alegó un supuesto “cambio de control” para declarar un vencimiento anticipado e impulsar un plan de reestructuración forzosa que convertía deuda en capital, con el objetivo de quedarse con la compañía. Este tipo de actuación, basada en un tecnicismo legal de aplicación subjetiva, constituye lo que algunos expertos denominan una “puerta de atrás” legal, que permite alterar el control de empresas solventes pese a no existir insolvencia real ni riesgo inminente", añade Inparsa.

En este sentido, Inparsa recuerda que "la aplicación del cambio de control se dirime actualmente en dos juzgados civiles de Madrid de primera instancia (el número 5 y 51), y que solo estos tienen competencia para declarar el vencimiento anticipado".

Blantyre Capital dice que la sentencia garantiza "un ambicioso programa de inversión"

Por su parte, Blantyre Capital expuso en un comunicado el pasado 22 de septiembre que la homologación de un plan de reestructuración de Inparsa fue apoyado por la mayoría de los acreedores financieros de la sociedad, "como única alternativa para lograr garantizar la viabilidad de la compañía y la continuidad del empleo en los hoteles, al reducir la deuda a niveles sostenibles y extender el plazo para su amortización".

“Estamos muy satisfechos con la sentencia, que valida todos nuestros argumentos y que posibilita la homologación del plan de reestructuración que garantiza la viabilidad de Inparsa y el mantenimiento del empleo en los hoteles. A partir de ahora, con una estrategia de gestión activa y un ambicioso programa de inversión, nos enfocaremos en la creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés", destacó Miguel Cebrián, director de inversiones de Blantyre Capital.

A su vez, planteó que "la seguridad jurídica que transmite esta sentencia refuerza a España como una jurisdicción seria y moderna para canalizar inversiones”.