Asesoría legal turística Hosteltur Hoteles

En respuesta a su consulta, indicarle que se rigen por el principio de favor al trabajador en virtud de lo recogido en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET): “Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”.

Carecemos de la información necesaria para poder profundizar más en su supuesto de hecho concreto, pero no estaría de más pudiera consultarlo con su representante sindical a efectos de que le puedan explicar con detenimiento cómo funciona la negociación colectiva y sus derechos.

Muchas gracias por su atención,

Atentamente,

Apreciado Vincent,

Lo primero que habría que confirmar es si la marca está registrada, ya que en caso contrario, las posibilidades de defensa ante un posible uso ilegítimo se verían debilitadas.

En caso de que la marca esté debidamente protegida, el uso de un tercero sin autorización sería un uso ilegitimo por lo que cabría requerirle para cesar de forma inmediata en ese uso, instándole a retirar cualquier referencia que pudiera aparecer de dicha marca en su página web.

En caso de que una vez requerido persistiera en el uso ilegítimo, se podrían iniciar acciones legales exigiendo además de la retirada de la marca, una indemnización por los daños y perjuicios que el uso ilegítimo hubiera podido causar.

No hay una regulación generalizada acerca de las políticas de cancelaciones, por lo que en esencia la dicta cada establecimiento. Por tanto, será el propio establecimiento quien determine los períodos para la cancelación, y las penalizaciones en cada caso. Si el cliente cancela dentro del plazo previsto en la política, se le deberá reembolsar el importe conforme a lo previsto en la misma. Sin embargo, si lo hace fuera de plazo, no tendrá entonces derecho al reembolso de cantidad alguna.

En cuanto a la devolución de los importes cobrados a través de Visa, deberá estarse a lo acordado entre las partes. Si ambas partes están de acuerdo con la devolución, Visa procederá al reembolso. Por el contrario, si una de las partes (en este caso, el establecimiento) no acepta la devolución, Visa deberá solicitar un documento que acredite que el cargo no es correcto, por ejemplo por tratarse de una estada o por carecer el establecimiento de motivos para rechazar el reembolso.

Apreciada Asunción,

En virtud de las Leyes 4/1990 y 13/1995 es obligatorio facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de las estadísticas realizadas por el instituto Nacional de Estadística (la suya en concreto, supongo será la "Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. Establecimientos Hoteleros). En concreto, el artículo 10 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública dispone que los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España debiendo todas las personas físicas y jurídicas requeridas, suministrar los datos de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos. Es más, la misma Ley dedica el Título V entero a las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de tales obligaciones. Oscilando la sanción más grave en 30.050,61 euros y la más leve 60,10 euros.

Apreciada María Ángeles,

La forma y el contenido y los posibles destinatarios de la reclamación dependerán de cada caso concreto. Con la información que nos reveló en su pregunta le podemos comentar lo siguiente:

La mayoría de hoteles tienen cajas fuertes en cada habitación (o si no en recepción) en las cuales el cliente puede depositar dinero, joyas u otros objetos de valor. En ocasiones los hurtos se producen dentro de habitación y los objetos no están dentro de la caja fuerte. En estos casos, al tratarse de un “hurto” y no un “robo” dentro de la caja fuerte, las reclamaciones contra el Hotel tienen pocas posibilidades de prosperar. En primer lugar, porque es difícil mostrar que el dinero efectivamente se encontraba allí. En segundo lugar, es conveniente demostrar que el Hotel fue negligente por no proporcionar un lugar seguro a sus clientes y no ha cumplido con su deber de cuidado y vigilancia. Cabe mencionar, que la gran mayoría de las pólizas de seguros de responsabilidad civil de las que tiene que disponer el establecimiento Hotelero excluyen el “hurto”. Todo y así, la Ley de Contratos de Seguros equipara, en su artículo 50, el robo a “la sustracción ilegítima”:

Por el seguro contra robo, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar los daños derivados de la sustracción ilegítima por parte de terceros de las cosas aseguradas.

La cobertura comprende el daño causado por la comisión del delito en cualquiera de sus formas.

De esta forma se amplía la noción de apoderamiento ilegítimo dentro de la cual cabe la figura del hurto.

Ante una sustracción, se recomienda lo siguiente:

-Denunciar el hecho ante la autoridad policial, como ha sido el caso.

-Comunicar el incidente a la compañía hotelera a efectos de que transmita el siniestro a su compañía aseguradora.

No podemos hablar de una normativa general en materia de políticas de cancelación de reservas en alojamientos turísticos, y aunque algunas Comunidades Autónomas sí la han desarrollado, en este punto se da prioridad al acuerdo entre las partes. Es decir, que la normativa únicamente aplicaría en caso de que el establecimiento no hubiera desarrollado su propia política de cancelación. Por tanto, si el establecimiento tiene publicadas unas condiciones generales en las que se incluya la política de cancelación, y el cliente ha sido informado de ellas a la hora de hacer la reserva, habrá que estar a lo previsto en dichas condiciones.

Apreciada Isabel,

La necesidad de mostrar los precios con IVA dependerá de la normativa aplicable. Y ésta, a su vez, vendrá motivada por varios factores, entre ellos a quién vaya dirigida la acción publicitaria.

Así, en España por ejemplo, la Ley General de Publicidad considera como ilícita la publicidad engañosa, pero no define qué se entiende por publicidad engañosa. Para ello habrá que acudir a otros textos que sí lo hacen, como la Ley de Competencia Desleal – que considera engañosa cualquier información que aún siendo cierta, pudiera inducir a error sobre el precio final del producto -, o la Ley de Consumidores o Usuarios (o la normativa autonómica que resulte aplicable, al tratarse de una materia transferida), que obliga expresamente a mostrar el precio final del producto, incluidos los impuestos.

Por tanto, si el destinatario final es un consumidor o usuario, el hecho de no incluir el IVA en el precio del producto o servicio sí constituye una infracción. Sin embargo, si la acción no va destinada al consumidor final sino a un intermediario, no resultaría aplicable la normativa en materia de consumo, por lo que habría que analizar hasta qué punto la información suministrada es o no susceptible de inducir a error al destinatario. E incluso si el destinatario final es un consumidor pero no español ni residente en España, a quien no resulta aplicable por tanto la legislación española, habría que analizar lo que establece al respecto la normativa que se le aplique.

En definitiva, se trata de una cuestión compleja que no dependerá tanto del lugar de emisión, como de la norma que resulte aplicable al destinatario final de la acción publicitaria.

Segmentar precios por país es uno de los principios del revenue managment pero hay que practicarlo de forma estudiada, controlada y justificada.

No en todos los países o regiones los consumidores aprecian y valoran las mismas características de un producto. Aunque, consecuencia de la globalización, se ha tendido hacia una cierta uniformidad de las preferencias, cada territorio conserva características específicas que toda empresa tiene que conocer para poder vender allí su producto.

Así pues, según cuales sean los atributos más valorados por los consumidores de cada lugar, se podrán colocar precios distintos a un mismo producto según el lugar donde se comercialice. Es decir, aquello que en un lugar puede ser considerado como casi exclusivo, en otro no tendrá la misma valoración y el precio deberá de ser inferior.

Referente marco legal, en Estados Unidos ofrecer precios distintos a distintas personas es legal, salvo en ciertos casos de discriminación racial u otros escenarios sensibles. Varias empresas confirman aprovechar esta práctica y eso a pesar de que la sensación final para los consumidores es claramente discriminatoria.

En el ámbito europeo, aunque la diferenciación de precios según la dirección de IP de consumidor es una práctica cada vez más usual, este tipo de actuaciones pueden considerarse contrarias a varios preceptos de la Unión Europea (UE). En concreto, los artículos 18 y 26.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En el primero de ellos se prohíbe “toda discriminación por razón de nacionalidad”, mientras que el segundo trata de la “libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales”. También lo impide la Directiva 2006/123/EC, que prohíbe las condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o residencia de los consumidores.

De hecho, la UE instó en 2014 a tres empresas de alquiler de vehículos, como Avis, Hertz y Europcar, a que dejaran estas prácticas. Un año después, en julio de 2015, confirmó también que había abierto una investigación a Disneyland París por presunta discriminación de tarifas.

La concesión de licencias turísticas en Barcelona está suspendida, por lo que de momento no se pueden otorgar nuevas licencias. No obstante, si se trata del mismo establecimiento y no hay cambio de ubicación sino únicamente cambio de titular, podría tramitarse un traspaso de licencia. En ese caso sí sería posible.

La normativa en materia de turismo está transferida a las distintas Comunidades Autónomas, de forma que cada una de ellas tiene su propia Ley del Turismo que establece los requisitos y procedimientos para operar establecimientos turísticos en dicha Comunidad. Por tanto, es esencial conocer en que localidad está previsto ubicar el hotel para poder realizar un análisis concreto.

No obstante, en términos generales podemos decir que lo primero que habría que analizar es si el edificio cumple los requisitos previstos en la norma aplicable para funcionar como Hotel Rural (en cuanto a dimensiones, ubicación, número de habitaciones, servicios, etc.), incluido en algunos casos la disponibilidad de plazas turísticas. Si no los cumple y hubiera que hacer reformas, la solicitud de la licencia debe contemplar tanto los aspectos urbanísticos como de turismo, lo que supone gestiones a nivel municipal y de turismo.

Una vez finalizadas las obras –en su caso y previa la obtención de la oportuna licencia de obra-, habría que tramitar las licencias de actividad y turismo. Adicionalmente, y según qué norma resulte aplicable, cabría analizar requisitos adicionales como registros, publicidad, comercialización o servicios complementarios.

Podemos ofrecer tanto el asesoramiento inicial como los trámites necesarios para la obtención de las licencias que se precisen en cada caso.