Asesoría legal turística Hosteltur Hoteles

No. En España no es obligatorio que los hoteles admitan animales de compañía. Cada establecimiento puede establecer libremente su propia política, admitirlos o no, fijar límites de tamaño o zonas, aplicar suplementos, etc., siempre que esta información se comunique de forma clara a los clientes.

La única excepción corresponde a los perros de asistencia, que tienen derecho de acceso a los alojamientos turísticos y demás espacios de uso público en todo el territorio nacional.

Tambien los hoteles deben cumplir con las normas sanitarias y municipales vigentes, especialmente en las zonas donde se manipulen alimentos.

Recomendación: si el establecimiento admite mascotas, es aconsejable disponer de una política escrita que detalle las condiciones de admisión (zonas permitidas, limpieza, fianzas y responsabilidad por daños) y mantenerla visible tanto en la página web como en el momento del check-in.

Joana Tremba 

Abogada

jtremba@monlexabogados.es

Sí, pero solo bajo la “excepción de relación contractual previa” de la LSSI: si obtuvisteis el email en una contratación anterior y la oferta es de servicios propios similares, podéis enviar comunicaciones siempre que ofrezcáis baja en cada mensaje. La base jurídica no es el consentimiento, sino el art. 21.2 LSSI como lex specialis frente al RGPD.

Aun así, debéis cumplir transparencia y facilitar opt-out inmediato. Guardad prueba del origen de los datos y limitad la publicidad a productos/servicios afines.

Guillermo Caro

Abogado

gcaro@monlexabogados.es

La aplicación del Real Decreto 933/2021 ha generado incertidumbre en el sector hotelero, especialmente en lo relativo al uso de escáneres para la lectura de documentos de identidad. En los últimos días hemos recibido múltiples consultas sobre si es posible escanear el DNI o pasaporte de los clientes únicamente para agilizar el proceso de registro.

En principio, no se puede escanear ni fotocopiar el documento de identidad del huésped. Para cumplir con el Real Decreto 933/2021, lo único necesario es recoger y conservar ciertos datos concretos (nombre, nacionalidad, número de documento, tipo de documento, fecha de entrada, etc.), durante un plazo de tres años.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha aclarado, en su nota del 17 de junio de 2025, que tomar una imagen completa del documento, aunque sea para extraer datos y luego borrarla, se considera equivalente a hacer una copia, lo cual vulnera el principio de minimización del RGPD.

Ahora bien, solo podría admitirse el uso de un lector OCR si se cumplen todas las siguientes condiciones de forma estricta:

1. El sistema debe extraer únicamente los campos exigidos por el Anexo I del R.D. 933/2021.

2. La imagen del documento debe ser eliminada de forma inmediata, sin dejar rastro en ningún sistema, backup ni registro de auditoría.

3. Debe existir una Evaluación de Impacto (DPIA) que justifique este tratamiento y demuestre que se han aplicado medidas técnicas suficientes.

4. El huésped debe estar informado expresamente de esta operación fugaz en la cláusula de privacidad.

En la práctica, la propia AEPD recomienda una vía más sencilla y conforme:

• que el cliente rellene los datos (presencialmente o por vía digital), y

• que el personal del hotel verifique visualmente el documento de identidad, sin hacer copia ni escaneo.

Escanear o fotocopiar el documento de identidad no está permitido salvo que se use un sistema OCR muy específico, que elimine la imagen de inmediato, esté auditado y cuente con una DPIA. En la mayoría de los casos, lo más seguro legalmente es no escanear: basta con recoger los datos necesarios y verificar el documento a la vista.

La Comisión de Propiedad Intelectual (Sección Primera) dictó una resolución el 14 de marzo de 2023 estableciendo las tarifas que EGEDA puede exigir a los establecimientos hoteleros por los actos de comunicación pública. Estas tarifas entraron en vigor tras su publicación en el BOE el 5 de abril de 2023. Dicha resolución puso fin al procedimiento de determinación de tarifas iniciado en 2018 por CEHAT ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo negociado con EGEDA. Pero, es importante señalar que la resolución ha sido recurrida ante la Jurisdicción Contenciosa. Aunque el recurso no suspende su aplicación inmediata, abre la posibilidad de una eventual modificación en el futuro.

Las tarifas determinadas por la Comisión ya incluyen los distintos espacios del hotel en los que se realiza la comunicación pública de contenidos audiovisuales, como habitaciones, zonas comunes y espacios de ocio. Por tanto, si EGEDA exigiera tarifas adicionales por áreas ya contempladas en la resolución del 14 de marzo de 2023, podría tratarse de una aplicación indebida, en cuyo caso sería recomendable verificar la reclamación y, si procede, impugnarla. Además, hay que diferenciar estas tarifas de las aplicadas a los establecimientos de restauración, cuya resolución fue dictada el 24 de febrero de 2022. Estas tarifas no son acumulables a las de los hoteles, ya que la resolución específica para hoteles ya considera la existencia de restaurantes dentro de los mismos.

Además de EGEDA, otras entidades de gestión de derechos pueden reclamar tarifas por la reproducción de contenido en el hotel:

1. SGAE (Sociedad General de Autores y Editores): por la reproducción de música en espacios públicos, tanto grabada como en actuaciones en vivo.
2. AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes): por la reproducción de fonogramas en zonas comunes o habitaciones.

Se recomienda verificar que las tarifas reclamadas por estas entidades sean las correctas y no haya duplicidades en los cobros.

El hecho de que la Comisión de Propiedad Intelectual haya fijado estas tarifas no impide la posibilidad de negociación. De hecho, considerando que la resolución está recurrida ante los Tribunales Contenciosos, puede existir margen para discutir ciertos aspectos de la aplicación y cuantificación de las tarifas.

Recomendamos, solicitar a EGEDA el desglose detallado de la reclamación. Revisar los contratos con proveedores de televisión o música, ya que en algunos casos estos derechos pueden estar incluidos en los servicios prestados. Confirmar que no se están aplicando tarifas duplicadas si el hotel cuenta con servicios de restauración, dado que la tarifa específica para hoteles ya incluye estos espacios. Explorar la posibilidad de negociación con EGEDA. Asesorarse sobre la posibilidad de impugnar la reclamación, si se detectan irregularidades en su aplicación o si existen razones para considerar que el importe es desproporcionado.

Si requieren asistencia adicional para analizar la reclamación en detalle o para iniciar un proceso de negociación, estamos a su disposición.

El hotel no es directamente responsable por una estafa cometida por un tercero que gestionó fraudulentamente una reserva y la cobró. El hotel solo está obligado a cumplir reservas formalizadas a través de sus canales oficiales o mediante intermediarios legítimos con los que tenga acuerdos comerciales. 

En todo caso, el hotel debería ofrecer asistencia al cliente para denunciar la estafa a las autoridades competentes. Esta obligación se deriva de la necesidad de atender e informar a los consumidores sobre cualquier incidencia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo, como es el caso de una estafa. Como parte implicada, el hotel debería también denunciar los hechos, al haber un tercero usurpado su nombre comercial para estafar.

Marc Ripoll

Abogado de MONLEX

Excelente aproximación a una cuestión que por justicia debe resolverse. Muy, muy interesante análisis que te invito personalmente a seguir peleando. No sé si lo procedente es un recurso de inconstitucionalidad, o simplemente provocar que se modifique esa regla que impide cambiar la potencia en periodos inferiores a un año. Esto lo veo más factible, al menos mientras dure una causa de fuerza mayor como la pandemia. Yo si me permites me gustaría luchar por tu reivindicación a través de las asociaciones de Hostelería, Restauración y también Hoteleras. Si no se consiguiera a corto ningún resultado, entonces quizás tendríamos que analizar vías y recursos judiciales.

José Antonio Fernández de Alarcón Roca

Abogado, socio fundador de MONLEX

mon-lex@mon-lex.com

Atendiendo la información que nos ha facilitado valoramos que, dadas las circunstancias, no habría ayuda económica que se pudiera solicitar.

En primer lugar, porque el contrato de trabajo no se llegó a firmar, lo cual impide el acceso a posibles ayudas a los trabajadores. Consecuentemente, sí veríamos viabilidad a obtener prestación económica si se hubiera firmado el contrato y, por ejemplo, se hubiese producido un ERTE por causa de fuerza mayor en la empresa en el cual se hubiese visto incluido el trabajador.

Por otro lado, si acudimos a las situaciones contempladas en el  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en el  Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, no cabría la posibilidad a obtener ayuda económica en un caso concreto.

Si se contemplan ayudas específicas como para aquellos que se encontraban en periodo de prueba que hayan visto extinguido su contrato desde el 9 de marzo de 2020. 

Y, a su vez, se contempla la ayuda para el trabajador que haya dejado un trabajo a partir del 1 de marzo para incorporarse a otro (otra empresa), con la cual tenía una oferta de trabajo y finalmente no haya sido contratado por la crisis del covid-19. Pero tampoco es exactamente el caso actual, ya que entiendo que no trabaja desde noviembre de 2019. Ergo, si hubiese trabajado en otra empresa antes de la fecha prevista de comienzo en el Hotel, sería más probable poder cobrar la ayuda.

En todo momento se habla de la suspensión o extinción de contratos laborales, pero nada se contempla en cuanto a los contratos laborales que por causa del covid-19 no han podido ni siquiera llegar a celebrarse, sin adquirir, por tanto, la condición de trabajadora de la empresa.

Por ello, salvo que su casuística contemple alguna peculiaridad que no se nos haya podido transmitir, parece ser que no hay ayuda económica al respecto.

Muchas gracias,

 Miguel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

Estimada Joana,

Para dar de alta una actividad turística habrá que tener en cuenta las distintas tipologías permitidas en la pertinente ley turística (al tratarse de una materia transferida cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa), pero también la localización en la que quiera ubicarse. El terreno rústico suele tener una especial protección frente al terreno urbano, por lo que es posible que en determinadas zonas las actividades permitidas estén limitadas, o incluso prohibidas en algunos casos. También esto dependerá de la normativa aplicable a la zona en concreto.

Por tanto, en este caso, habría que analizar por una parte las actividades turísticas permitidas en Catalunya, y por otro la normativa con respecto al terreno rústico. En este caso, habrá además que analizar la normativa urbanística del municipio al que pertenezca.

En cuanto a los permisos, habrá que solicitar por una parte las licencias turísticas (previa confirmación de que la actividad a desarrollar cumple todos los requisitos para ello), y además las licencias que corresponda para la construcción de que se trate.

Buenos días,

Una vez presentada la hoja de reclamaciones ante el organismo competente, se inicia un trámite en el que se concede al empresario un plazo (en Baleares 15 días) para presentar sus alegaciones. Por tanto es ahí donde puede Ud. contestar a las manifestaciones y aportar todos los documentos oportunos para desacreditarlas en su caso.

En ningún caso puede Ud. acceder al apartamento ocupado por un huésped, salvo situación de emergencia. Lo que debe hacer si teme por la seguridad del resto de huéspedes es avisar a la policía para que acuda al lugar.

Existen distintas alternativas para explotar un establecimiento hotelero, desde la propiedad hasta el arrendamiento, gestión o franquicia. En cada una de ellas las partes asume distintas obligaciones, tanto entre ellas como frente a la administración (en función de quién conste como Explotador). En este caso, quizá podría firmarse un contrato de gestión mediante el cual la propiedad le cede la gestión del establecimiento, a cambio de un porcentaje de los beneficios. Podría incluso pactarse un mínimo garantizado, de forma que la remuneración a percibir por el propietario estuviera en todo caso garantizada, con un escalado adicional en función de la facturación.

Otra alternativa sería contemplar en el propio contrato de gestión la posibilidad de compra del establecimiento, sujeta por ejemplo al cumplimiento de determinados objetivos.