Asesoría legal turística Hosteltur

Apreciada Sra. Vila,

Muchas gracias por su consulta.

Indicarle que, atendiendo la normativa de derecho comunitario (Directiva 2015/2302 que modifican el Reglamento 2006/2004 y la Directiva 2011, y también la Directiva 2006/12/CE) y el Real Decreto Ley 23/2018, junto a la relación de reales decretos que se han venido publicando a raíz de la pandemia a partir de marzo 2020, es importante destacar que las Agencias de Viajes tienen facultades para poder descontar del abono realizado, las cantidades correspondientes a gastos de parte del trabajo realizado. Sin embargo, se ven con la obligación de acreditar los gastos de viaje realizados para poder facturarles la comisión indicada.

Por otro lado, la decisión de interponer una demanda verbal y dirimir el presente asunto ante los Juzgados y Tribunales de su localidad, es una idea acertada. En sede judicial, nuestra sugerencia sería reclamar todas y cada una de las deducciones que le hubieren realizado y procedieran a su acreditación directa. En caso contrario, solicitar la reintegración de la cantidad total que legalmente les correspondiese, solicitando condena en costas.

Por último, en relación a los 50 euros abonados en concepto de paga y señal para un futuro y nuevo crucero, sería interesante que le hubiesen facilitado un resguardo de acreditación y justificación de dicha reserva. De ser así, en sede judicial Ud. podrá solicitar que le reintegren la cantidad o hacer valer su derecho para el futuro. Cuidado con la caducidad del bono.

Un cordial saludo,

Miquel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

Buenos días,

Muchas gracias por su consulta. Al ser no ser del todo precisa, le intentaré dar las referencias principales.

En Andalucía, la normativa de referencia es la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía, la cual viene asistida por la normativa relativa al Registro de Turismo, las cuales son: El Texto consolidado del Decreto 143/2014, de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía y el Decreto 143/2014, de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Asimismo, si realiza usted una “consultoría turística” debe ser conocedor de la normativa específica que rige en Andalucía, por ejemplo: Orden de 25 de abril de 2005, por la que se aprueban las características y dimensiones de los distintivos de los establecimientos hoteleros, Decreto 194/2010, de 20 de abril de 2010, de Establecimientos de Apartamentos Turísticos por la Consejería de Turismo y Deporte, Decreto 301/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Agencias de Viajes, por la Consejería de Turismo, regeneración, Justicia y Administración Local, etc. Como podrá comprobar, existe distinta normativa específica a razón de la materia. En la página web de la Junta de Andalucía podrá encontrar la normativa actualizada.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Extremadura, indicarle que el texto legal de referencia es la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura. Sin embargo, ha sufrido dos modificaciones, una en 2014 y otra en 2018, atención.

Y, al igual que le indicaba en relación a Andalucía, la normativa extremeña también se divide en determinados sectores, por ejemplo: El Decreto 37 que regula la actividad de Guías de Turismo, el Decreto 235 de ordenación y clasificación alojamientos turísticos hoteleros, el Decreto 181 de ordenación y clasificación de empresas de restauración, etc.

En la página web de Turismo Extremadura podrá encontrar la normativa actualizada.

Quedando a su entera disposición al respecto,

Muchas gracias

Un saludo

Miguel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

Buenos días,

Muchas gracias por su cuestión.

En primer lugar agradecemos su consulta.  Lo primero que debe tenerse en cuenta es la legislación que aplica a los contratos. Ya que al ser receptivos en Francia no sé si estaréis  sometidos a legislación francesa o española. Si el legislación francesa, habrá que ver lo que dice la ley allí.

En relación a su consulta, desde Monlex entendemos, como usted comenta, que desde que Europa no se encuentra cerrado y cabe la posibilidad de desplazarse, si los turistas no quieren viajar es porque así lo han decidido. Por ello, el viaje no sería de imposible cumplimiento. Si así lo fuera si se deberían devolver las cantidades como establece el artículo 36.1 del RD del 31 de marzo, que establece; Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato.

Por todo lo anterior, no existe la obligación por Ley de reembolsar dichas cantidades, ya que los turistas no están imposibilitados de realizar dicho viaje, si no, que se trata de una decisión que ellos han tomado, por miedo o prevención.

Pero efectivamente la cuestión es discutible. Es cierto que el RD 11/2020 habla de viajes de imposible cumplimiento, pero hay que tener en cuenta que dada la excepcional situación en la que nos encontramos, se puede entender que existe un motivo justificado para no querer viajar (en Francia están aplicando restricciones y recomiendan no desplazarse). Por tanto es posible que un juez sí entienda que está justificado.

Un saludo,

Sandra Roca

Abogada

sroca@monlexabogados.es

Buenos días,

En primer lugar, muchas gracias por contactar con nosotros. En relación a su consulta, al haber contratado el viaje con la Agencia,  y al tratarse de esta ser la intermediaria, es hacia ella a la que debéis dirigiros.

Es la Agencia en este caso la que debe hacerse responsable en todo momento de realizar los reembolsos y no la aerolínea.

En relación a los gastos de emisión del billete y en virtud del artículo 36.2  del RD  del 31 de marzo de 2020 establece que, en los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario.

Sandra Roca

Abogada

sroca@monlexabogados.es

En primer lugar, muchas gracias por su consulta.

En relación a esta trasladarle, que en el momento de haber contratado el viaje  mediante una intermediaria, será esta la que se encargará de devolver dichas cantidades y no la Naviera.

En cuanto a la consulta del plazo legal procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.

Un saludo,

Sandra Roca 

Abogada

sroca@monlexabogados.es

En mi primer lugar gracias por su consulta.

Una vez  realizado un análisis de la normativa aplicable en cada caso, entendemos que es correcto el que os reembolsen las cantidades del vuelo MADRID-MONTREAL en base al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En cuanto al vuelo MONTREAL- MADRID, aplicaría la normativa Canadiense y parece ser que ofrecen bonos y no crédito.

Un saludo,

Sandra Roca

Abogada

sroca@monlexabogados.es

Muchas gracias por su consulta.

En primer lugar entendemos que en el momento en el que la actividad consiste en vender a clientes NO Españoles y NO pertenecientes a la Unión Europea y que los suministradores de los servicios son Agencias de Viajes se entendería que se trataría de una agencia mayorista  la  que proyecta, elabora y organiza los servicios turísticos incluidos en el ámbito de aplicación para su ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente a la persona usuaria o consumidora. Por lo que efectivamente, la empresa debería constituirse como una AV sometida los requisitos legales de la Agencias.

Un saludo,

Sandra Roca

Abogada

sroca@monlexabogados.es

Apreciada Srta. Sonia,

A raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, desde marzo 2020 se ha venido elaborando normativa en aras de proteger a los trabajadores. De este modo, el primer Real Decreto 8/2020 reconoció que todos los trabajadores afectados por un ERTE tendrían derecho a la prestación por desempleo (aunque no tuviesen tiempo mínimo cotizado para tal derecho) y, además, no consumiría paro durante el tiempo que estuviesen de ERTE derivado del Coronavirus.

Posteriormente, se han ido elaborando nuevos Reales Decretos que venían a proteger el desempleo y a extender estas medidas indicadas en el párrafo anterior.

El Real Decreto 24/2020 prolongó estos dos derechos hasta el 30 de septiembre de 2020, posteriormente el Real Decreto 30/2020 alargó el derecho a la prestación por desempleo hasta el 31 de enero de 2021, y el Real Decreto 2/2021 la amplió hasta el 31 de mayo 2021.

Ahora bien, la ampliación hasta el 31 de enero 2021 no contempló la parte relacionada a la no consumición de paro (solo se amplió en el sentido de tener derecho a desempleo sin tener el tiempo mínimo cotizado).

Consecuentemente, no se consume paro por la prestación disfrutada mientras se estaba dentro de un ERTE (bien sea de Fuerza mayor, o causas ETOP) hasta el 30 de septiembre de 2020. Pero a partir del 1 de octubre de 2020 sí que se consume paro.

Miquel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

Sólo se pueden hacer nuevas contrataciones tanto directas como indirectas (ETT) si no tienes ningún trabajador en ERTE que las pueda hacer por razones objetivas justificadas, por formación o por categoría.

Carolina Ruiz

Abogada 

cruiz@monlexabogados.es

La empresa que haya sido beneficiada de exoneraciones  con anterioridad al RDLey 2/2021  y con posteroridad al mismo, como parece ser su caso,   el contenido de la nueva norma  supone que el período de salvaguarda del empleo resultante sea de 12 meses, sin que pueda producirse solapamiento entre ambos periodos de 6 meses, pues el segundo período de 6 meses  empieza a computarse cuando finalice el primero. 

Carolina Ruiz

Abogada

cruiz@monlexabogados.es