Asesoría legal turística Hosteltur

La documentación válida para acreditar la residencia en territorios no peninsulares (tanto para ciudadanos españoles como del Espacio Económico Europeo y Suiza), será el Certificado de Residencia expedido por el Ayuntamiento donde estén empadronados.

Ahora bien, cabe destacar que rl 1 de noviem­bre 2014 entró en vigor la nue­va nor­ma­ti­va para via­jar con des­cuen­to resi­den­te que sub­ven­cio­na el 50% de los bille­tes aéreos y alre­de­dor del 30% de los pasa­jes de bar­co a quie­nes acre­di­ten resi­dir en Cana­rias, Balea­res, Ceu­ta o Meli­lla. Esta nue­va nor­ma­ti­va vie­ne a cam­biar la tra­mi­ta­ción y reser­va de bille­tes con des­cuen­to resi­den­te y supo­ne la implan­ta­ción defi­ni­ti­va del sis­te­ma SARA, una base de datos que per­mi­te la acre­di­ta­ción auto­má­ti­ca de la resi­den­cia en Cana­rias, Balea­res, Ceu­ta o Meli­lla, que des­de noviem­bre será el úni­co medio para veri­fi­car si una per­so­na tie­ne dere­cho a via­jar con des­cuen­to resi­den­te cana­rio o balear, entre otros.

Si el viajero no acredita el empadronamiento mediante el sistema SARA a la hora de hacer la reserva, deberá viajar con el docu­men­to impre­so acre­di­ta­ti­vo del empa­dro­na­mien­to expe­di­do por el ayun­ta­mien­to don­de resi­dan, faci­li­tan­do los trá­mi­tes para via­jar con des­cuen­to resi­den­te no penin­su­lar

Por consiguiente, lo que se tendrá en cuenta a la hora de viajar es el lugar donde figure el empadronamiento.

No hay que remitirse a la Orden de 17 de marzo de 1.965 por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes puesto que se encuentra derogada.

Actualmente la normativa autonómica vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que se describe a continuación:

·El Decreto 7472004 de 10 de Febrero de Establecimientos Hoteleros.

·La ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares

Estimado Carlos,

La legislación actual obliga a entregar una factura incluso a posteriori a cualquier consumidor por el importe facturado indicando claramente el correspondiente tipo de gravamen (IVA). Entre las obligaciones de la agencias de viajes se encuentra expedir factura desglosada, y con el contenido previsto por normativa, de los servicios prestados de acuerdo con los precios ofertados o pactados.

El Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, establece un régimen particular de facturación para las agencias de viajes. Éste resulta aplicable únicamente para la facturación de los servicios de transporte de pasajeros por vía aérea (billetes de avión) que sean adquiridos por empresarios o profesionales o por personas jurídicas que no tengan dicha condición (por ejemplo, entes públicos), y en cuya contratación intervengan agencias de viajes que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.

Dicho Real Decreto establece la obligación de la agencia de viajes de expedir la factura correspondiente a los citados servicios de transporte si así se lo solicita el adquirente de los mismos.

En la factura que expida la agencia deberán constar los siguientes datos:

- La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia al amparo de la disposición adicional cuarta del Reglamento.

- Los datos y requisitos exigidos con carácter general por el artículo 6 del Reglamento como contenido obligatorio de las facturas, con la salvedad de que como datos relativos al obligado a expedir la factura se harán constar los relativos a la agencia de viajes, y no los correspondientes a la compañía aérea que presta el servicio de transporte.

- Una identificación inequívoca de todos y cada uno de los billetes que correspondan a los servicios de transporte documentados en la factura.

- Una serie especial de numeración para esta clase de facturas.

Por consiguiente, hay que dirigirse a la agencia de viajes en cuestión solicitando, al amparo de la legalidad vigente descrita en párrafos precedentes, la expedición de la factura en estas condiciones.

En caso de que fuesen infructuosas todas las gestiones realizadas con la compañía para la obtención de la referida factura, al consumidor le quedaría la vía de hacer una reclamación por escrito ante la AEAT.

Apreciado lector,

Muchas gracias por su atención.

En cuanto a su consulta, si acudimos al Convenio de Hostelería de las Islas Baleares, en el artículo 28 se recoge que los trabajadores percibirán una cantidad en concepto de plus económico destinada a resarcir a los mismos los gastos que les ocasionan los desplazamientos para ir y volver al lugar de trabajo desde su residencia.

Asimismo, y resolviendo su petición, el mismo apartado añade que el plus de desplazamiento no se abonará cuando el trabajador esté en situación de incapacidad temporal. De este modo, si su trabajador dispone de la incapacidad temporal aportando las correspondientes bajas laborales en función de su enfermedad, no deberá percibir la cantidad por plus desplazamiento.

Quedando a su entera disposición al respecto,

Apreciado Sr. Sanchez,

El pasado febrero de 2018 el Parlamento Europeo aprobó el fin del bloqueo geográfico o geoblocking. No obstante indicar que dicha ley entrará en vigor 9 meses tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y deberá ser ratificado por los Parlamentos de cada estado.

Esta nueva norma aprobada prohíbe el bloque geográfico injustificado y permitirá a los consumidores elegir la página web desde la cual desean realizar la compra online, sin ser redirigidos a otra web o incluso bloqueados debido a su nacionalidad, lugar de residencia o localización. Esto supondrá un paso más hacia un mercado único.

Enumeramos varios productos que se incluyen dentro de esta nueva normativa: entradas a espectáculos y parques de ocio, alquiler de vehículos y estancias hoteleras. Por el contrario, encuentran protección por derechos de autor: libros electrónicos, música o videojuegos quedando excluidos de la norma. Estos artículos sin embargo tendrán que ser revisados en el plazo de los dos años siguientes según la enmienda 96 de la normativa.

Conforme a la anterior explicación, indicar que una vez pasado el tiempo y se haya ratificado por los Parlamentos de cada estado, lo expuesto entrará en aplicación.

Apreciada Noemi,

Desconocemos donde reside y trabaja para poder elaborar una respuesta concreta a su petición. Sin embargo, a título de ejemplo, le podemos indicar como se recoge en la normativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin perjuicio que su Comunidad tenga una regulación distinta en los términos solicitados.

En el Convenio de Hostelería de las Islas Baleares, se recoge el concepto de “garantía de la ocupación” mediante la cual los trabajadores que a partir del año 1992 alcancen a partir de dicho año, tres períodos anuales consecutivos prestando servicios en la misma empresa por tiempo igual o superior a seis meses al año, con la condición contractual de fijo discontinuo, tendrán una garantía de ocupación de seis meses al año. Por otro lado, los trabajadores fijos discontinuos que no tengan garantizado el tiempo mínimo de llamamiento por no haber alcanzado la media de ocupación que se exige, se les garantizará la media de ocupación que hayan realizado durante los llamamientos de los tres primeros años. En este supuesto, la empresa convocará al trabajador para restablecer la prestación de sus servicios a partir del cuarto año de prestación de servicios como fijo discontinuo por un periodo de duración de ocupación no inferior a la media resultante.

Apreciada Lucrecia,

Las causas legales de despido en España aparecen tipificadas en los artículos 51, 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 52 recoge los despidos por causas objetivas y el artículo 54, las causas del despido disciplinario.

Concretamente, quien tiene la facultad de poder despedir a un trabajador es el empresario que lo contrató. Sin embargo, está permitido dentro de una empresa poder delegar la función de control de un trabajador a otro empleado de la empresa, por ejemplo, un jefe de Departamento.

En este caso concreto, deberá atender a la gestión propia de la empresa en la cual usted trabaja, aun así, lo que no sí viene prohibido por la normativa laboral es amenazar o hacer lo conocido como “bulling” entre trabajadores, desconocemos si su caso son simples comentarios no periódicos de un hecho concreto o son comentarios prolongados y repetidos en el tiempo.

Muchas gracias,

Saludos cordiales

Apreciada Isabel,

Muchas gracias por su consulta.

Informarle que dependerá del seguro de cancelación que haya podido contratar con la empresa con la que contrató el viaje. Sin conocer el contrato de seguro que firmó es difícil poder confirmarle de forma fehaciente si la empresa deviene obligada o no a la devolución del importe desembolsado.

Sin embargo, informarle que nos consta que hay empresas de autocares que no permitirían en su caso la devolución del coste del billete de ida. Sin embargo, en cuanto al billete de vuelta, si se podría solicitar la devolución del importe íntegro del billete, aunque se deberá atender a la política de la empresa de autocares concreta. A título de ejemplo, una empresa de autocares tiene la siguiente política: “En caso de anulación, la empresa devolverá al viajero el importe íntegro del billete si se solicita con al menos 48 horas de antelación a la salida del servicio. Si la anulación es solicitada con una antelación de entre 48 y 24 horas, la empresa devolverá el importe del billete deduciendo un 10%. En caso de que la anulación se solicite con menos de 24 horas de antelación la deducción aplicable será del 20% del importe del billete”.

Por otro lado, en cuanto al coste del alojamiento, deberá atender también a la política de la empresa con la que contrató el circuito y el contrato de seguro en concreto.

Muchas gracias por su atención,

Como sabe, la duración de las vacaciones deben pactarse entre empresario y empleado (en caso de no haber acuerdo, deberán acudir a los Juzgados de lo Social de su domicilio). La duración de las mismas se establecen en el Convenio Colectivo y, en ningún caso, tal y como viene marcado por Ley, el tiempo concedido al trabajador será inferior a 30 días naturales anuales (en este cómputo se incluyen domingos y festivos también) o lo que viene a ser lo mismo, 22 días laborales.

Ahora bien, para el cómputo de las vacaciones hay que tener presente que, tanto si el convenio estipula días naturales como laborables, las vacaciones deben empezar en día hábil, es decir, si el trabajador trabaja de lunes a viernes, las vacaciones empezarían el lunes siguiente, no el sábado, aunque sean días naturales. En el caso que se regulen días laborables, no computarán los días festivos y de descanso que haya en período vacacional.

Es por ello que se debe acudir al Convenio de Hostelería que afecte a su determinado sector y comprobar si se tipifica en días naturales o laborables y, consecuentemente, podrá saber si debe tener en cuenta o no el día de descanso.

Muchas gracias por su consulta,

Estimada Sonia,

Debo explicarle que deberá seguir el procedimiento establecido en la ley 13/2002 de 21 de junio, de turismo de Cataluña, en la que se estipula en los artículos 84 y siguientes el régimen sancionador, calificando la sobrecontratación u overbooking, de acuerdo con lo manifestado por usted, en virtud del art. 89 c) como infracción muy grave. En los artículos 102 y ss. se fija el procedimiento a seguir y la denuncia se presenta ante la Inspección de Turismo.

Sin embargo, mi consejo es que en primer lugar, formalice la reclamación directamente con la Agencia On Line que le vendió el paquete, indicando minuciosamente los perjuicios sufridos y solicitando una compensación por lo sucedido.

La Agencia On Line está obligada a facilitar una vía para reclamar. En el supuesto de que la Agencia hiciese caso a omiso de su reclamación, también podría acudir a la citada Inspección de Turismo. Por último, la vía judicial civil sería la última opción.