Asesoría legal turística Hosteltur

Los servicios de intermediación turística sí están previstos legalmente. Así, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios regula los viajes combinados, entendiendo por tales aquellos en los que se ofrezca conjuntamente, al menos dos de los siguientes elementos: transporte, alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje. En ese caso, el organizador asumirá la responsabilidad, solidariamente con el resto de agentes que intervengan, con independencia de que cada uno de los operadores facture de forma independiente. Por tanto, la ley sí permite la prestación de estos servicios.

Dicho esto, habrá que estar a lo que establezca la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma para la prestación de dichos servicios, incluidas las licencias o autorizaciones necesarias en cada caso.

Lo primero que habrá que analizar es si resulta o no aplicable la legislación española, ya que en el caso de empresas extranjeras podría darse un conflicto de leyes. Así, en términos generales, podemos decir que la legislación española será de aplicación siempre que se pueda entender que el prestador del servicio está establecido en España, o aún estando establecido en algún otro país de la Unión Europea, cuando la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios. En otro caso, habrá que estar a lo que determine la ley del país en el que esté establecido el prestador.

Aclarado lo anterior, y si la conclusión es que resulta aplicable la ley española, entonces habrá que estar a lo que determine la normativa aplicable en cada caso, teniendo en cuenta la Comunidad Autónoma en la que opere.

Si tienen establecimiento permanente en España, se aplicará la normativa española igual que a cualquier otra empresa domiciliada aquí.

Las competencias en materia de turismo están transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que habrá que analizar la normativa aplicable en función del lugar en el que esté ubicado el establecimiento. No obstante, como norma general podemos decir que los establecimientos tienen libertad a la hora de establecer las tarifas y los precios, siempre que éstas estén debidamente comunicadas. Por tanto, nada impide que un establecimiento pueda aplicar un suplemento por llegada tardía, siempre que haya informado al cliente de ello y esté incluido en las condiciones generales de contratación.

Aspecto distinto es que afecte o no a la reputación del hotel, ya que la repercusión que ello pudiera tener desde un punto de vista comercial es completamente ajena y nada tiene que ver con la legislación aplicable.

Ante todo, gracias por contactar con nosotros. En el que caso que nos comentas, iniciar la respuesta indicando que cualquier iniciativa de implantar un sistema de gestión nos resulta positiva, y es positiva para la empresa. Inicialmente se vive cierta revolución, pero a medio y largo plazo siempre es positivo, siempre y cuando se tenga el apoyo de la dirección.

SICTED en concreto tiene como aspectos positivos, que persigue la homogeneidad, marcando unos estándares comunes a toda la comunidad turística, y cuenta con el apoyo ministerial.

Tiene una parte de check list y una parte de gestión por procesos.

En su contra, al igual que le pasaba a la, cada vez, más denostada Q de calidad, no deja de ser una iniciativa nacional, con unos estándares no extrapolables internacionalmente, y desconocido para el Touroperador y el cliente extranjero. Para este tipo de cliente resulta mucho más conocida la Norma ISO, en menor grado el EFQM, y sistemas de gestión medioambientales que los propios Touroperadores han desarrollado.

Colmo conclusión, comentarte que los distintos sistemas de gestión tienen muchos puntos en común, y con la nueva versión de la Norma ISO9001 (que se acerca mucho al EFQM), resulta más importante cómo se implante y el compromiso que haya de la dirección al respecto.

En caso de que el cliente sea un cliente Nacional, veremos a ver cómo la administración pública da a conocer SICTED para que sea un valor añadido para el turista. En caso del cliente extranjero, creo que será muy complicado que SICTED se haga un hueco más allá de nuestras fronteras.

Espero haber contestado a tu pregunta y no dejes de contactar con nosotros.

Cualquier empresa que opera a través de la web está sujeta a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Comercio Electrónico, y que básicamente exige aplicar a las actividades realizadas por medios electrónicos las normas que regulan esa misma actividad. Por tanto, lo primero que hay que analizar es si las actividades que se realizan a través de la web son las propias de una agencia de viajes, ya que en ese caso estará sujeta a las normas que regulan dicha actividad y se le exigirán los mismos trámites y requisitos que se exigen a las agencias de viaje offline o tradicionales, incluido en su caso el depósito de una fianza por el importe que corresponda.

Dado que se trata de una competencia transferida, habrá que ver en qué Comunidad Autónoma opera para analizar la normativa que le resulta aplicable.

En respuesta a su consulta, indicarle que se rigen por el principio de favor al trabajador en virtud de lo recogido en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET): “Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”.

Carecemos de la información necesaria para poder profundizar más en su supuesto de hecho concreto, pero no estaría de más pudiera consultarlo con su representante sindical a efectos de que le puedan explicar con detenimiento cómo funciona la negociación colectiva y sus derechos.

Muchas gracias por su atención,

Atentamente,

Apreciado Vincent,

Lo primero que habría que confirmar es si la marca está registrada, ya que en caso contrario, las posibilidades de defensa ante un posible uso ilegítimo se verían debilitadas.

En caso de que la marca esté debidamente protegida, el uso de un tercero sin autorización sería un uso ilegitimo por lo que cabría requerirle para cesar de forma inmediata en ese uso, instándole a retirar cualquier referencia que pudiera aparecer de dicha marca en su página web.

En caso de que una vez requerido persistiera en el uso ilegítimo, se podrían iniciar acciones legales exigiendo además de la retirada de la marca, una indemnización por los daños y perjuicios que el uso ilegítimo hubiera podido causar.

Apreciado lector,

Conforme a su consulta indicarle que cada empresa es libre de establecer su política de reservas y cancelaciones en su caso.

Debido a la inexistencia de una normativa estatal reguladora de las reservas y cancelaciones de las empresas de alojamiento turístico, el empresario toma las medidas que considera oportunas para evitar perjuicios. El usuario a la hora de contratar es libre de hacerlo o no conforme a su criterio, previo conocimiento de la política de reservas y cancelaciones. Existen normativas autonómicas (no en cada CCAA) pero suelen ser muy genéricas, por lo que, como comentáramos antes la mayoría se rigen por sus propias políticas empresariales privadas, que suelen girar en torno a la experiencia que han tenido en estos asuntos.

Aprovechamos para recordar que esta es una cuestión muy recurrente y que ya hemos contestado anteriormente:

“No podemos hablar de una normativa general en materia de políticas de cancelación de reservas en alojamientos turísticos, y aunque algunas Comunidades Autónomas sí la han desarrollado, en este punto se da prioridad al acuerdo entre las partes. Es decir, que la normativa únicamente aplicaría en caso de que el establecimiento no hubiera desarrollado su propia política de cancelación. Por tanto, si el establecimiento tiene publicadas unas condiciones generales en las que se incluya la política de cancelación, y el cliente ha sido informado de ellas a la hora de hacer la reserva, habrá que estar a lo previsto en dichas condiciones.”

Apreciada Sra. Delgado,

La llamada "diferenciación de precios" puede ser considerada lícita y no discriminatoria, basándose en que el costo marginal de vender a distintos consumidores de distintos países varía. Las compañías defiende la discriminación de precios en base a las variaciones que el propio mercado ofrece, pues no existe un mercado perfectamente competitivo y equilibrado, sino más bien un mercado dinámico, competidos y que varían en tiempo y espacio. Ello es consecuencia de la globalización.

La verdad es que no se considera ilícito el poner distintos precios a un mismo producto basándose en preferencias del consumidor, cambio monetario, poder adquisitivo del residente (no supone lo mismo para el pasajero español, por ejemplo, el tener que desembolsar 1.000 euros por un crucero en base a su sueldo medio, que el pago de la misma cantidad para un residente en Alemania o en Hungría donde sus condiciones son distintas).

Este margen del cual disponen las empresas para colocar los precios distintos a un mismo producto atendiendo al lugar donde se comercialice, abre grandes oportunidades a las compañías para ser más competitivas. A consecuencia de ello, las empresas invierten en márketing y en labores de estudio de mercado.

Como conclusión, únicamente le puedo adelantar que sí es posible poner un precio distinto a un mismo producto.

Espero le haya podido ayudar en cuanto a sus dudas.

Quedo a su entera disposición al respecto, Muchas gracias por su atención

Sí, la SGAE está legitimada para exigir el pago de una tarifa por los aparatos de televisión instalados en un establecimiento. El motivo es que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a las entidades de gestión (entre ellas la SGAE) el derecho a recaudar las tarifas por los actos de comunicación pública en los que se incluyan contenidos gestionados por cada una de ellas. En este sentido, las comunicaciones realizadas en los establecimientos turísticos (independientemente del tipo) se consideran comunicación pública dado que no existe un único destinatario, sino multitud de ellos al ir variando en cada caso.

En cuanto a los derechos gestionados, la SGAE es una entidad que gestiona derechos de autor, por lo que siempre que se emitan contenidos que incorporen derechos de autor estará legitimada para exigir el pago que corresponda. En este caso, los contenidos que se emiten a través de canales de televisión, con independencia de que sean o no de pago, incorporan derechos de autor.

Lo que habría que analizar es si la tarifa que pretende aplicar tiene en cuenta las características concretas del establecimiento, ya que tras las últimas modificaciones legislativas, las entidades de gestión están obligadas a aplicar índices correctores sobre las tarifas generales aprobadas.